Ayotzinapa: la desaparición que permanece

por Kurt William Hackbarth

La noche del 26 de septiembre del 2014, cuarenta y tres jóvenes mexicanos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron de la faz de la tierra. Seis personas más, tres de ellos estudiantes, murieron en una serie de balaceras que tuvieron lugar en la ciudad de Iguala, ubicada a unas dos horas de la escuela; uno fue desollado. En el contexto atribulado del México actual, el caso de los normalistas de Ayotzinapa bien podría haber pasado como una más de la larguísima lista de tragedias que se han cobrado la vida de más de 100,000 personas, desde el inicio de la llamada «guerra contra el narcotráfico» declarada por el expresidente Felipe Calderón en el 2006. Pero, lejos de pasar desapercibido, el hecho se ha convertido en una causa célebre, suscitando protestas por todo el orbe y derritiendo de golpe las alas de un gobierno envalentonado por la aprobación de una serie de polémicas reformas en su primer año.

En un sentido más amplio, Ayotzinapa se ha vuelto un caso emblemático del México contemporáneo y del hondo desprestigio en que han caído sus instituciones; de una relación entre estas y el narcotráfico que oscila entre la violencia desbordada y la colusión descarada; del desamparo en que viven los ciudadanos de a pie ante la inseguridad rampante; del hartazgo popular con un sistema de partidos no representativo y con un aparato judicial más preocupado por realizar montajes mediáticos que por procurar justicia; y de la determinación de estos mismos gobiernos de estrangular los últimos bastiones de una iniciativa educativa que surgió del fervor de la revolución de 1910: las escuelas normales rurales.

Escuelas bajo asedio

Las escuelas normales rurales se fundaron en los años veinte con el objetivo de capacitar a una nueva generación de maestros que proporcionara una educación digna a las marginadas comunidades agrarias. Uno de los requerimientos que aún hoy en día se mantiene es que los estudiantes inscritos sean de escasos recursos. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), las escuelas recibieron un fuerte impulso, llegando, en su apogeo, a contar con una red de 36 centros que contaban con sistemas de internado administrado por los propios alumnos, becas, comedores, módulos de producción agropecuaria y clubes culturales y deportivos. De estos centros, quedan abiertos solo 17.

Bajo el argumento de que ya no hacen falta las escuelas rurales, sucesivos gobiernos han buscado eliminarlas, ya sea por medio de recortes presupuestarios –obligando a los estudiantes a tomar los asuntos en sus propias manos con tal de conseguir los fondos necesarios– o bien a través de golpes espectaculares. El deseo subyacente es eliminar lo que los sucesivos gobiernos neoliberales han considerado hervideros de un izquierdismo revolucionario. Una de las escuelas cerradas recientemente fue la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, en El Mexe (Hidalgo), liquidada en el 2008 por el actual secretario de Educación del gobierno peñista, Miguel Ángel Osorio Chong. En el año 2000, Chong, quien fungía como secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, mandó a un contingente de 300 policías ministeriales, respaldados por granaderos, para desalojar a los estudiantes. La policía detuvo a 176 de ellos, los torturó, y solo la movilización de los campesinos de las comunidades circundantes, quienes bloquearon la carretera y detuvieron en su torno a 61 policías, impidió que el desalojo se consumara. No sería hasta el 2008 cuando Chong, ya como gobernador de la entidad, logró su acometida: la escuela fue cerrada definitivamente y las instalaciones, convertidas en una universidad técnica.

La normal de Ayotzinapa, fundada en 1926, es conocida por formar maestros rurales de primaria y de educación física, algunos con un enfoque bilingüe, dada la variedad de lenguas indígenas que se hablan en el estado. Entre sus egresados más destacados figuran dos nombres fundamentales en la historia de la insurgencia mexicana contra el régimen autoritario del Partido de la Revolución Institucional (PRI): Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez Rojas. Cabañas, que era el secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FESCSM) y una importante figura guerrillera en la historia de Guerrero, fue asesinado en una emboscada tendida por el Ejército en 1974 durante la llamada «guerra sucia» de la época; luego de la muerte de Cabañas, el Ejército procedió a ocupar las instalaciones de la escuela. En su momento, Vázquez Rojas, el director de la Asociación Cívica Guerrense, fue encarcelado durante ocho años en el notorio «Palacio Negro» de Lecumberri. En palabras del escritor Juan Villoro, al descubrir que era imposible educar a niños que no tenían para comer, Cabañas y Vázquez crearon movimientos que buscaban mejorar la vida de sus alumnos. Al topar con la cerrazón oficial, radicalizaron sus métodos de lucha.

La historia reciente de la escuela se ha visto marcada por una serie de choques con los gobiernos de turno. En el 2005, sus estudiantes fueron desalojados del bloqueo que mantenían en una carretera para exigir la entrega de plazas para los egresados. Dos años después, al ocupar el Congreso local para exigir que la escuela no se cerrara, fueron dispersados por efectivos antimotines. El saldo de este choque, según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, fue de 230 estudiantes lesionados, dos desaparecidos y la ruptura del diálogo de los alumnos con el gobierno estatal. Pero el colmo –por lo menos, hasta entonces– llegó en el 2011, cuando elementos de la policía federal mataron a balazos a dos estudiantes en el bloqueo estudiantil de la Autopista del Sol, que comunica Ciudad de México con el centro turístico de Acapulco.

Una «verdad histórica»

En los días previos al 26 de septiembre del año pasado, algunos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habían estado apropiándose de autobuses de líneas privadas para transportar estudiantes de su escuela y de otras normales rurales a la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, que tendría lugar el 2 de octubre en Ciudad de México. La noche del 26, un grupo de estudiantes se encaminó hacia la ciudad de Iguala en busca de más unidades. Esa misma noche, la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, tenía programado dar un discurso para festejar sus logros como directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Según la versión oficial de los acontecimientos, el alcalde, José Luis Abarca Velázquez, habría ordenado a la policía municipal interceptar y capturar a los estudiantes para impedir que interrumpieran el evento de su esposa. La policía municipal habría entregado a los estudiantes a oficiales de la policía municipal del ayuntamiento vecino de Cocula, quienes, a su vez, los habrían dejado en manos de los Guerreros Unidos, una organización criminal que opera en los estados de Guerrero y Morelos. María de los Ángeles Pineda estaba vinculada a los Guerreros Unidos por medio de su hermano Salomón, e incluso, según declaraciones no corroboradas de la Procuraduría General de la República, era la jefa misma de la organización. Los miembros del cartel, en una variante macabra de outsourcing, se habrían encargado de asesinar a los estudiantes y quemar sus restos en un basurero, recogiendo las cenizas y triturando los huesos restantes para arrojar lo que quedaba al río San Juan. La pira, hecha con madera y llantas y rociada con gasolina o diésel, habría ardido durante unas 14 horas.

Esta versión de los hechos fue puesta en entredicho súbitamente y desde varios frentes. En primer lugar, por la presencia de lluvias en la región aquella noche. En las entrevistas iniciales realizadas por los medios Milenio y Canal 3 en el lugar de los hechos, se percibe un escenario lluvioso, y la precipitación nocturna fue confirmada por varios testigos. Después, un estudio realizado por la Facultad de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió los sustentos físicos y químicos de la hipótesis gubernamental, concluyendo que era «físicamente imposible». Según el estudio, para realizar la pira en cuestión, habría hecho falta unas 33 toneladas de leña, 995 llantas conteniendo unas 2.5 toneladas de acero, y un espacio diez veces mayor al que realmente se hallaba disponible. Los neumáticos habrían producido una columna de humo visible a kilómetros de distancia, cosa que no fue registrada ni por la población ni por el 27 Batallón de Infantería, guarnecido en la misma ciudad de Iguala. El comandante del batallón, el coronel Juan Antonio Aranda Torres, un militar formado en inteligencia, contrainteligencia y el uso de fuerzas especiales, afirmó que el batallón fue el último en enterarse de lo que estaba pasando a escasos metros de sus puertas. Un informe de Human Rights Watch, publicado en el 2011, señala al batallón como responsable de la desaparición de seis jóvenes en Iguala el año anterior.

Aun de haberse logrado, se ha señalado que la pira en sí no pudo haber destruido los cuerpos por completo. Según Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, ciertos huesos, y sobre todo la dentadura, tendrían que haberse sometido a un proceso posterior de trituración muy difícil de lograr sin el tipo de máquina especializada empleada en los crematorios. De acuerdo al perito del INAH Jorge Arturo Talavera, habría sido, además, imposible que la hoguera alcanzara las temperaturas propias de un crematorio cerrado. Si los estudiantes realmente hubieran sido incinerados en el basurero, agrega, existirían restos de grasa humana en el suelo, algo que los investigadores de la Procuraduría no han podido encontrar. Irónicamente, afirmó, la misma falta de pruebas contundentes podría terminar poniendo en libertad a los Abarca.

Según la guía del Seguro Social para las Fuerzas Armadas, el Ejército cuenta con crematorios propios. La hipótesis de que los estudiantes pudieran haber sido incinerados en una de estas instalaciones –o en su defecto, en un crematorio privado custodiado por el Ejército– es sostenida por el investigador Jorge Antonio Montemayor, coautor del estudio citado. El lunes 12 de enero del 2015, los padres de los normalistas intentaron ingresar en las instalaciones del 27 Batallón de Iguala, exigiendo la apertura del cuartel para su revisión; su intento de derribar la puerta por medio de un tráiler que retuvieron fue replegado con gases lacrimógenos y piedras.

Luego, los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, apoyados por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, publicaron un reportaje exhaustivo en el seminario Proceso, basado en una revisión de testimonios, videos (incluyendo los de los celulares de los estudiantes), informes inéditos y declaraciones judiciales. A pesar de la insistencia del Gobierno Federal en que la responsabilidad por los actos recaía únicamente en la policía municipal y en sus aliados del narcotráfico local, el reportaje reveló que los estudiantes fueron monitoreados desde su salida de la escuela por elementos tanto estatales como federales; que tanto la Policía Federal como el Ejército recibieron informes puntuales de lo que pasaba por medio de los radio operadores de la Policía Estatal del C4 Iguala, sistema vinculado al Sistema Nacional de Seguridad Pública; y que elementos de la Policía Federal participaron directamente en la agresión contra los estudiantes. Según la cronología reconstruida, los estudiantes llegaron a Iguala unas dos horas después de concluido el discurso de María de los Ángeles Pineda, demasiado tarde para constituir una amenaza al evento. Es más, el reportaje afirmó que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos fueron previamente torturados por policías federales y de la Marina antes de declarar en contra de José Luis Abarca.

No obstante estos cuestionamientos, la tesis que sostiene que los Guerreros Unidos mataron a los estudiantes y luego arrojaron sus restos al río San Juan fue ratificada por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, como una «verdad histórica» en una conferencia de prensa realizada a finales de enero. Durante esa conferencia, Murillo Karam llegó incluso hasta el extremo de afirmar que se debía cerrar el caso para proceder a castigar a los culpables. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contratado a petición de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa para otorgar pericia y objetividad internacional al caso, se opuso a las declaraciones del Procurador. En un comunicado, afirmó que«aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas». Aunque el EAAF sí ha podido identificar a uno de los 43 –Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron encontrados en una bolsa en el río San Juan– ha hecho hincapié en que esto no significa necesariamente que los restos provengan del basurero de Cocula.

El 27 de febrero del 2015, Jesús Murillo Karam fue destituido de su cargo de procurador para pasar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El caso sigue abierto.

Ya sé que no aplauden

Las declaraciones del entonces procurador hicieron eco a las de su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, quien había afirmado desde principios de diciembre que tocaba al país «superar» el caso de Ayotzinapa para dar «un paso hacia adelante». En su momento, el mandatario recibió duras críticas por haber tardado once días en hacer su primera declaración sobre los hechos, casi un mes en reunirse por primera vez con las familias de los desaparecidos, y, en el momento más álgido de las protestas, salir del país para asistir a una cumbre económica en China. De la misma manera, tardó en fijar una postura sobre la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de su puesto. Aguirre, quien, como el alcalde José Luis Abarca, militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), agrupación de centro-izquierda, renunció el 23 de octubre. En noviembre, el presidente intentó tomar las riendas de la situación por medio de diez propuestas en materia de justicia; entre estas, un plan para remplazar las policías municipales por una nueva corporación estatal y establecer un número de emergencias 911. La mezcla de escepticismo y escarnio con que fue recibido el decálogo es muestra del grado de desconfianza que impera en el país. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en el 2012 luego de una elección cuyo resultado fue impugnado por su contrincante más cercano, Andrés Manuel López Obrador, quien le acusó de haber rebasado múltiples veces el tope de gastos de la campaña y de haber incurrido en la compra de votos, y en la coacción entre otros delitos electorales. Aunque la elección fue posteriormente avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Peña Nieto tomó posesión el primero de diciembre del mismo año en un Congreso de la Unión fortificado por vallas y policías y en medio de feroces protestas que dejaron un saldo de 103 detenidos. Hubo, además, reportes de una movilización de varias bandas de la delincuencia organizada el día de la elección en apoyo a Peña Nieto, sobre todo en el «triángulo dorado» compuesto por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa en el norte del país. Pero Peña logró capear todas esas tormentas debido a su alianza con la empresa mediática Televisa, con la cual, según una investigación del diario británico The Guardian, estableció un pacto en el 2005 para recibir cobertura favorable en su noticiero y en los programas de entretenimiento. Es de notarse que la nueva procuradora de la República, Arely Gómez, está fuertemente vinculada a Televisa por medio de su hermano, quien funge como vicepresidente de noticieros de la empresa.

En teoría, el joven y apuesto Peña Nieto representaba la cara de «el nuevo PRI», el partido que había gobernado al país durante 71 años entre la época posrevolucionaria y el año 2000. Este nuevo PRI habría dejado atrás la corrupción y el autoritarismo de su pasado para reconstituirse, en sus años de oposición, como un partido moderno y democrático. Sin embargo, una serie de acontecimientos durante el mandato de Peña Nieto como gobernador del estado de México hizo surgir graves dudas acerca de su propio papel en la supuesta transformación del partido. El más notorio de ellos fue su decisión de enviar a las fuerzas policiales a reprimir el pueblo de Atenco, cuya población había luchado contra la construcción de un nuevo aeropuerto en sus terrenos. El saldo de aquel día funesto de mayo del 2006 fueron 207 detenciones, 146 detenciones arbitrarias y quejas contra elementos policiacos por vejaciones sexuales a unas 26 mujeres. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la policía había incurrido en violaciones graves a las garantías individuales de la población, absolvió a Peña Nieto a pesar de su responsabilidad en haber ordenado el operativo.

En su primer año, Peña Nieto promulgó una serie de reformas llamativas, incluyendo las áreas de educación y las telecomunicaciones, y, de manera muy polémica, modificaciones importantes en el sector energético que abren el petróleo, la electricidad y el agua a la inversión privada, dando marcha atrás a la estatización de la industria petrolera realizada por el presidente Cárdenas en 1938. Pero la economía mexicana se ha negado a responder a las reformas con el debido entusiasmo, creciendo un raquítico 1.44% en el 2013, un 2.1% en el 2014, y con un crecimiento estimado para el 2015 que fue revisado a la baja por el Fondo Monetario Internacional. En lo que va del sexenio, el peso mexicano ha perdido un 20% de su valor frente al dólar. Incluso antes de Ayotzinapa, y a pesar de la fuerte tradición de presidencialismo en la política mexicana, una mayoría de mexicanos desaprobaba la gestión del mandatario.

En los meses recientes, el gobierno peñista se ha visto enredado en una serie de escándalos caracterizados por la corrupción y por diversos conflictos de interés. El 6 de noviembre del 2014, el Gobierno Federal revocó la licitación que había convocado para un tren bala que comunicaría Ciudad de México con la ciudad de Querétaro. Además de la China Railway Construction Corporation, en el consorcio ganador figuraban tres empresas mexicanas vinculadas a Peña Nieto y al PRI. Una de ellas era el Grupo Higa, firma constructora que se había beneficiado de jugosos contratos cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México. Tres días después, se reveló que el mismo Grupo Higa había construido una mansión en la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, para la primera dama, Angélica Rivera. La casa, que cuenta con pisos de mármol, elevador y estacionamiento subterráneo, fue valorada en unos 7 millones de dólares. A raíz de las revelaciones, la primera dama se vio obligada a aparecer en la televisión para anunciar que devolvería el inmueble, conocido ya como la «Casa Blanca». Un mes después, el periódico The Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había adquirido al mismo Grupo Higa una costosa casa ubicada en un club de golf en la comunidad de Malinalco, con generosas facilidades de pago. Hasta la fecha, el Grupo Higa ha recibido al menos 11 contratos federales del gobierno peñista, incluyendo uno sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México. Al nombrar a un viejo cuadro del PRI para investigar los casos como titular de la Secretaría de la Función Pública en una ceremonia a principios de febrero, Peña Nieto dejó escapar al final del discurso una frase reveladora que habría de tomar vuelo en las redes sociales: «Ya sé que no aplauden».

Crece el descontento

El día 8 de octubre, a menos de dos semanas de los acontecimientos en Ayotzinapa, miles de manifestantes marcharon en Ciudad de México y otras decenas de ciudades a lo largo del país, así como en Londres, Nueva York, Río de Janeiro, Buenos Aires, Madrid, Los Ángeles y otras urbes del mundo, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos. Esta fue la primera de una serie de jornadas de acción global por Ayotzinapa. El 2 de noviembre, la celebración del Día de los Muertos, quizás el día festivo más importante del calendario mexicano, se convirtió también en un acto de protesta, con los tradicionales altares erigidos para recordar a los difuntos familiares realizando un luto público en recuerdo de los alumnos desaparecidos. El 20 de noviembre, en el marco de las conmemoraciones de la Revolución mexicana, una efigie de Peña Nieto fue quemada en el Zócalo de Ciudad de México al cabo de otra marcha multitudinaria; la foto de la efigie ardiente, con el círculo de manifestantes alrededor y el Palacio Nacional como fondo, dio la vuelta al mundo. El 10 de diciembre, Adán Cortés Salas, un estudiante de relaciones internacionales de la UNAM, irrumpió en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo (Noruega). Exhibiendo la bandera mexicana, Cortés se acercó al estrado para pedir el uso del micrófono para hablar de Ayotzinapa. Apenas tuvo tiempo de pedir a la galardonada, la pakistaní Malala Yousafzai, que no se olvidara de México antes de ser sacado de la sala por los agentes de seguridad. Cortés fue detenido, multado y expulsado sumariamente de Noruega pocos días después. Y todos los días 26, hay una marcha para conmemorar otro mes más que ha pasado sin la aparición de los estudiantes, la resolución del caso o el castigo a los culpables.

En un cambio de opinión, la prensa internacional se ha sumado a las críticas de Peña Nieto y a su manejo del caso Ayotzinapa. Anteriormente, en el primer año de su gobierno, el Financial Times hablaba con admiración del «tigre azteca», afirmando que México era «una de las promesas más brillantes de América Latina». La revista británica The Economist hablaba efusivamente del «Mexican Moment» (el momento mexicano). En febrero del 2014, poco después de la promulgación de la reforma energética, la revista estadounidense Time publicó un reportaje halagador del presidente mexicano, colocando una imagen de él en la portada de su edición internacional con el título «Saving Mexico» (Rescatando a México).

Sin embargo, ya para enero del año en curso se empezó a producir el cambio. En un editorial de The Economist se publicó que Peña Nieto «no entiende que no entiende», sustituyendo, en un interesante ejemplo de autoactualización, su anterior «Mexican Moment» (el momento mexicano) por «Mexican Morass» (la ciénaga mexicana). The Washington Post, citando al diario mexicano El Universal, prefirió la variante «Mexican Murder» (homicidio mexicano). Y The New York Times sostuvo en un editorial que «Los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias».

Pendientes y preguntas

Guerrero es un estado con jugosos negocios de por medio. Por el lado ilegal, produce el 98% de la amapola del país, de donde se obtiene opio y posteriormente heroína. Y por el lado de los contratos y la ley, la mina Morelos Norte, operada por la empresa canadiense Torex Gold Resources, está programada para abrirse este año a solo 50 kilómetros al sureste de Iguala; ubicada dentro del llamado «cinturón de oro» de Guerrero, será una de las tres minas de oro más grandes de México y la número 20 a nivel mundial. De los 35 «focos rojos» en el país causados por conflictos de poblaciones locales con empresas mineras, tres de ellos se encuentran en Guerrero. En este contexto, una escuela de estudiantes organizados, activos y rebeldes podría llegar a ser vista no solo como un estorbo, sino como una amenaza.

Las tácticas empleadas por los estudiantes de las escuelas normales son polarizantes. Incluso para los que simpatizan con su lucha, el hecho de pasar horas en el tráfico debido al bloqueo de una carretera, de verse obligados a dar dinero a los manifestantes en una caseta de peaje, de tener que bajar de un camión que está siendo tomado o de ver ocupadas o pintarrajeadas las instancias gubernamentales genera malestar. Aunque el argumento de que estas tácticas sean necesarias es defendible, el costo en términos de hartazgo social, sobre todo para los que no están al tanto de las precarias condiciones de sus escuelas, es alto.

Y siempre hay el viejo y perenne motor del descontento social: la desigualdad. En un país donde casi la mitad de la población –unos 53.3 millones– vive en la pobreza, Guerrero es un caso extremo, con los hoteles de Acapulco y la opulencia de sus caciques contrastando crudamente con la miseria en la que está sumida gran parte de sus habitantes. Aquella tradición de resolver los conflictos por medio de la violencia es de larga data en el estado; desde antes de los acontecimientos del 26 de septiembre, la sierra arriba de Iguala era conocida como un «basurero humano».

Y si resulta que el Estado está encubriendo responsabilidades en el caso, salen a relucir preguntas como: ¿Quién o quiénes dieron la orden de secuestrar a los estudiantes y, si acaso, matarlos? ¿Hasta qué grado de la jerarquía llega la responsabilidad? ¿Y de cuál de las jerarquías estamos hablando? ¿Del Gobierno Federal? ¿Del Ejército? ¿O de otra rama de las fuerzas armadas? ¿Qué será tan importante para que valga la pena ocultarlo a pesar del gran precio a pagar en desgastes, debilitamiento y desprestigio internacional? De los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lo único que no desaparece es su desaparición. Y no lo hará hasta que vuelvan a presentarse, y hasta que los culpables de semejante barbarie enfrenten una condena que no sea otro episodio más en una triste cadena de simulacros de justicia. En el caso del México actual, dicha posibilidad está muy lejos de producirse.

Kurt Hackbarth es politólogo, narrador y dramaturgo norteamericano. Se tituló summa cum laude en la Universidad Fairfield en 1996. Se estableció en la ciudad de Oaxaca en 1999 y, desde el 2007, está naturalizado mexicano. Es autor de las obras de teatro La [medio] diezmada (2011) y El óstrakon (2012), así como del libro de cuentos Interrumpimos este programa (Editorial Ficticia, 2012). Su sitio web es: kurthackbarth.com