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La corrupción de «los gringos buenos»

 

Por Jaime Porras Ferreyra

 

 

Canadá destaca a nivel mundial como una nación alejada de carencias y adversidades, caracterizada por un alto nivel de vida y por instituciones de gran solidez. Además de estar acostumbrados a la ferocidad de los inviernos, los canadienses son vistos como individuos generosos, preocupados por diversas causas sociales y respetuosos de las leyes. No es por nada que se han ganado el mote de «los gringos buenos». De acuerdo al último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Canadá es el undécimo país con mejor desarrollo humano del planeta. Sin embargo, esta nación norteamericana no está exenta del cáncer de la corrupción. A pesar de que aparece como el noveno país menos corrupto en el mundo de acuerdo al índice de Transparencia Internacional, existe una preocupación entre los canadienses sobre la presencia de la corrupción en distintas esferas. Además, la imagen de Canadá en el orbe se pone cada vez más en entredicho por culpa de prácticas reprobables a manos de ciertas empresas.

 

Elizabeth McPhedran es una canadiense con una historia de vida muy parecida a la de millones de sus coterráneos. Nacida en un suburbio de Toronto en el seno de una familia de clase media, a sus 27 años cuenta con una formación universitaria, ha viajado por Europa, Asia y América Latina, y ha tenido experiencias laborales en distinas áreas. Sostiene que nunca ha tenido que pagar soborno alguno, pero está consciente de que la corrupción existe en su país, principalmente en los negocios y en las altas esferas del poder. «Las prácticas ligadas a la corrupción se dan en Canadá pero con discreción. Se nos ve como un país confiable y respetuoso hacia los demás, pero hay que recordar que Canadá no es vista como una verdadera potencia mundial, así que no se nos ve con peligro», es la percepción que tiene McPhedran.

 

¿Qué tan corrupta es en el fondo Canadá? La respuesta no resulta tan sencilla como parece, debido a que es necesario tomar en cuenta, además de lo indicado en los distintos índices internacionales, las características de la corrupción en el país y la apreciación que tienen sus habitantes sobre dicha problemática. Si se establece una comparación entre Canadá y la mayoría de países del mundo, se puede constatar que existe una diferencia importante en cuanto a tipos de corrupción. Casos como el enriquecimiento demencial de los políticos y la entrega de dinero a policías por parte de los ciudadanos para evitar multas son casi inexistentes. También, pese a que algunos habitantes realizan falsas declaraciones para beneficiarse de las ayudas públicas y que pueden darse transacciones comerciales libres de facturas, estas acciones no son generalizadas entre la población. La corrupción en el país norteamericano aparece principalmente en la esfera empresarial –algunas veces en suelo canadiense, pero con mayor fuerza fuera de sus fronteras–, entre funcionarios al momento de atribuir contratos, en los gastos de algunos políticos dentro de sus funciones oficiales, en el financiamiento ilegal de partidos y en asuntos relacionados con el conflicto de intereses.

 

El estudio y la medición de la corrupción presentan dificultades desde el momento mismo de definir en qué consiste dicha práctica. La definición propuesta por Transparencia Internacional se refiere a la corrupción como «el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados». Es necesario especificar qué acciones concretas pueden ser percibidas como sinónimos de prácticas corruptas. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción enumera las siguientes: el soborno a funcionarios públicos y en el sector privado, la malversación o peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito y el blanqueo de dinero. Diversos expertos proponen también tomar en cuenta los regalos y atenciones, las contribuciones políticas ilícitas y los pagos de facilitación. En este sentido, es posible distinguir en Canadá la mayoría de estas prácticas, salvo que algunas de ellas se realizan con mayor frecuencia que otras. 

 

En los últimos años han salido a la luz diversos casos de corrupción en las diferentes provincias canadienses. En Quebec ha quedado de manifiesto la siniestra relación entre funcionarios municipales, líderes sindicales, mafiosos y empresarios de la construcción con el fin de apoderarse de recursos públicos. Prueba de ello es que Michael Applebaum, alcalde de Montreal de noviembre del 2012 a junio del 2013, ha sido acusado de actos de corrupción. En esta misma provincia, la prensa ha dado cuenta del financiamiento ilegal del Partido Liberal de Quebec por parte de algunos empresarios. En Ontario, las cataratas del Niágara han sido evocadas en las pesquisas sobre corrupción debido a que existieron pagos indebidos y favoritismo en ciertos contratos para el mantenimiento del parque que aloja este símbolo canadiense. Allison Redford, primera ministra de Alberta de octubre delo 2011 a marzo del presente año, fue acusada en reiteradas ocasiones de utilizar dinero público para realizar gastos exorbitantes en sus viajes al extranjero. Por su parte, Ottawa, la capital federal, no se ha salvado del escándalo: los senadores Mike Duffy, Pamela Wallin y Patrick Brazeau –todos nombrados directamente por el primer ministro Stephen Harper– fueron acusados en el 2013 de haber derrochado fondos oficiales sin justificación alguna. Otros casos invitan a reflexionar sobre la delgada línea que separa a la corrupción de lo poco ético, en acciones no sancionadas por la ley pero llenas de desprestigio: Philippe Couillard, actual primer ministro de Quebec, ha sufrido serios cuestionamientos al hacerse público que hace algunos años depositó 600,000 dólares en un paraíso fiscal –el político sostiene que la transacción fue siempre apegada al derecho–, mientras que Rob Ford, alcalde de Toronto, ha poblado las primeras páginas de los diarios debido a sus problemas con el alcohol y a la existencia de un video donde se le ve fumando crack.

 

En un estudio, Michael M. Atkinson, profesor de políticas públicas de la Universidad de Saskatchewan, sostiene que a pesar de la posición que ocupa el país en los rankings mundiales de corrupción, los canadienses se muestran sumamente preocupados por el tema. Afirma que esto no es el resultado de que sus habitantes comparen a su país con los demás sino en la sensación que tienen de que algunos políticos incumplen con frecuencia lo que se espera de ellos, al verles como defensores de grupos de interés y no como garantes del bien común. Al ser consultado al respecto, Manuel Balán, profesor de Ciencia Política en la Universidad McGill y experto en el estudio de la corrupción, señala que hay que actuar con cautela al tratar de medir la verdadera corrupción en cualquier país, una dificultad inevitable al momento de hablar de una problemática intangible. Para él existe un riesgo cuando la mayoría de los análisis privilegian las percepciones por encima de las experiencias de los ciudadanos frente a la corrupción. Una cosa es cuando un canadiense expresa sus opiniones sobre el tema –producto en gran medida de la información aparecida en los medios– y algo muy distinto es su contacto cotidiano con acciones violatorias de la ley.

 

Una de las características de la vida política y social de Canadá tiene que ver con las tensiones entre la provincia de Quebec y el resto del país. Factores como el bilingüismo y la autodeterminación quebequense en distintos asuntos ocupan con frecuencia lugares en la prensa y en discusiones en el Parlamento. El tema de la corrupción no ha sido ajeno a estas fricciones. En los últimos años, los anglófonos canadienses no se han cansado de señalar que Quebec es la provincia donde la corrupción aparece con mayor periodicidad. Al respecto, Denis St-Martin, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Montreal, comenta que pese a que en esta provincia han aparecido muchos de estos casos, no se trata necesariamente de la más corrupta de Canadá. St-Martin menciona que los escándalos en Quebec han salido a la luz gracias al brillante trabajo de los reporteros de la provincia. Además, sostiene que la corrupción es más perseguida en Quebec debido a que sus habitantes viven desde hace décadas dentro de un sistema donde el Estado está muy presente en cuanto a la protección social y a la lucha contra la desigualdad, por lo que los actos corruptos son considerados como una afrenta directa a los recursos de los contribuyentes. Afirma por ende que la corrupción también habita en las demás provincias del país, solo que en estas el trabajo periodístico, a pesar de su incontestable calidad, no ha escarbado con igual profundidad en el tema y los ciudadanos dan un margen de maniobra menor a las instituciones estatales.

 

Más allá de las portadas de los diarios y revistas, la vida cotidiana transcurre en Quebec sin la consuetudinaria presencia de la corrupción: desde hace tres años, las venezolanas Julieta Moros y Giselle Ruiz son propietarias del restaurant Julieta Cuisine Latine, ubicado a unos pasos del boulevard Saint-Laurent de Montreal. Sostienen que, de haber abierto su negocio en Caracas, estarían condenadas a pagar alguna comisión ilegal para obtener el permiso de venta de alcohol y a vivir el acoso constante de los inspectores municipales para sancionarlas con cualquier pretexto y, minutos después, pedirles una pequeña gratificación con tal de olvidar lo ocurrido. También señalan que la idea de contratar a un trabajador sin papeles les resulta impensable debido a las altas multas que tendrían que pagar en caso de ser sorprendidas.  

 

Pese a que la corrupción también se da en Canadá, diversos factores sirven para explicar que no se trata de una práctica consuetudinaria, a diferencia de lo que sucede en otros puntos del orbe. La educación tiene un papel crucial al respecto: Canadá, junto con Corea del Sur y Finlandia, destaca como uno de los países con mejores resultados en la esfera educativa. Esto contribuye a que los canadienses tengan acceso a trabajos bien remunerados y a que se dé un respeto generalizado hacia las leyes, por lo que les resulta difícil poner en riesgo puestos laborales a cambio de alguna contribución económica ilícita. Los beneficios de vivir en un sistema que asegure una base de bienestar a través de diferentes políticas sociales tienen como consecuencia que la ciudadanía no deba pagar sobornos para gozar de diversos servicios. Canadá es un país con altos niveles de transparencia, donde la ciudadanía y la prensa pueden tener acceso a información sobre los gastos de las instituciones públicas. Y hablando de medios de comunicación, estos gozan de una libertad vista solo en pocas naciones. Existe también un elemento que distingue a Canadá de muchos países del mundo: está socialmente mal visto entre los canadienses que alguien se extralimite en sus funciones o que busque sacar provecho de una situación por medio de acciones ilegales; en ese país el «vivo» o el «tíguere» no goza del aplauso sino del repudio.

 

Por último, las leyes canadienses definen bien qué actos son sancionados como prácticas corruptas y los castigos por infringir dichas leyes son altos en lo económico y severos en cuanto a penas de cárcel. La rendición de cuentas no simboliza únicamente alguna frase hueca en los discursos de los políticos. Prueba de ello son las respuestas ante los escándalos de corrupción enumerados anteriormente: en Quebec se creó una comisión independiente para investigar las malas prácticas en la esfera de la construcción y en el financiamiento ilegal de los partidos politicos, además de que Michael Applebaum fue destituido como alcalde de Montreal y debe enfrentar un proceso penal; en Ontario la policía continúa investigando a fondo la atribución de contratos en el parque de las cataratas del Niágara; Allison Redford, primera ministra de Alberta, debió reembolsar sus onerosos gastos de viaje, asimismo dejó el cargo por problemas entre los miembros de su partido y debido al estrepitoso descenso de su popularidad en las encuestas; los tres senadores en Ottawa fueron suspendidos, lo que golpeó seriamente la credibilidad del Partido Conservador de Stephen Harper; por su parte, pese a no haber sido acusado, el primer ministro de Quebec ha tenido que explicar con detenimiento ante los medios la forma en que depositó dinero en un banco ubicado en un paraíso fiscal, manchando seriamente su reputación; y Rob Ford, alcalde de Toronto, debió aceptar ante la prensa sus problemas con diversas sustancias y se salvó por poco de ser destituido del cargo.

 

Pese a que la corrupción no ha logrado convertirse en un elemento de importancia en la cotidianeidad de Canadá, existe un punto débil que ha golpeado seriamente la reputación del país en el exterior: en una lista publicada por el Banco Mundial sobre las 600 empresas con mayores prácticas corruptas, 117 de ellas son canadienses, por lo que el país norteamericano aparece como el más mencionado en dicha lista. Sin embargo, es necesario precisar que 115 de estas empresas son subsidiarias de SNC-Lavalin, gigante de la construcción a nivel mundial. De acuerdo al diario Financial Post, SNC-Lavalin ha sido acusada en los últimos años de acciones corruptas dentro y fuera de Canadá, en países como Bangladesh y Argelia, y se ha señalado su vinculación con proyectos dudosos en la época de Muammar Gaddafi en Libia.

 

Además de las constructoras, compañías de otros rubros han sido citadas por distintos medios internacionales como proclives a realizar prácticas corruptas, tales como ciertas petroleras y, sobre todo, algunas empresas mineras. Canadá se ha convertido en las últimas décadas en el país minero líder en el mundo. Así, Toronto funge como la bolsa de valores con un número de operaciones más alto en este sector: una meca de intercambios para los accionistas de la extracción de minerales.  

 

Canadá ha firmado su adhesion a distintas leyes internacionales para combatir las prácticas corruptas, tal es el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en vigor desde diciembre del 2005. Igualmente, en 1999 el Gobierno canadiense aprobó la ley sobre la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros, con el fin de luchar contra los actos económicos ilegales de sus nacionales fuera de sus fronteras. A pesar de todo ello, organismos como la ocde y Transparencia Internacional manifestaron en distintas ocasiones que el país norteamericano no ha hecho lo suficiente para frenar ese tipo de prácticas con solidez, además de señalar diversos vacíos en las leyes canadienses al respecto. Es por ello que en febrero del 2013 fue presentada ante el Senado una propuesta para reformar la ley sobre la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros. Dicha propuesta fue aprobada el 26 de marzo del mismo año. Entre las modificaciones aparecen penas carcelarias más fuertes y multas millonarias a los infractores. Otro aspecto de importancia es que las empresas canadienses ya no podrán justificar como gastos legales los pagos a terceros para facilitar contratos y servicios.

 

De igual manera, los libros contables podrán ser solicitados para revisar con detenimiento cada transacción comercial y serán también verificados los gastos de los organismos no gubernamentales. Otro esfuerzo por parte del Gobierno canadiense es la cruzada contra la evasion fiscal y el envío de capitales a paraísos fiscales. Para ello se ha creado una unidad especial de combate a los crímenes al fisco. Igualmente, las autoridades federales difunden cada vez más documentos entre los canadienses deseosos de hacer negocios en el exterior, a modo de informarción sobre las consecuencias legales por prácticas corruptas. Por su parte, algunos gobiernos provinciales han decidido redoblar esfuerzos para atacar estos comportamientos. Ejemplo de ello es que Quebec cuenta ya con una certificación otorgada a las empresas de su provincia que no hayan sido condenadas por actos de corrupción para que así puedan concursar en licitaciones internacionales.

 

Pese a todos estas acciones, diversos sectores sostienen que esto no es suficiente para evitar las prácticas corruptas fuera de Canadá, debido a que son pocos los recursos que se han destinado para ello, dado el importante volumen de transacciones y de relaciones comerciales de las empresas canadienses. Asismismo se señala que en el plano real el Gobierno de ese país privilegia la presencia internacional de sus empresas por encima del combate a la corrupción, principalmente en la extracción de minerales, en lo que algunas organizaciones no gubernamentales han bautizado ya como «diplomacia minera». Esto obedece también al viraje importante sufrido dentro del Gobierno canadiense: desde su llegada al poder en el 2006, el primer ministro Stephen Harper ha favorecido una agenda caracterizada por el aumento en los gastos militares, la mayor participación de las empresas en los servicios públicos y la presencia de Canadá en el mundo con fines comerciales, más que por su implicación en proyectos sociales y de cooperación internacional.

 

Diversos estudios a través del tiempo se han ocupado de describir los efectos negativos de la corrupción en las sociedades, principalmente debido a su impacto sobre el crecimiento, al favorecer las desigualdades, al no garantizar servicios públicos de calidad y al aumentar las actividades criminales. Las empresas, pese a que en algunos casos el pago de sobornos puede abrirles oportunidades, también pueden verse afectadas directamente por la corrupción. De acuerdo al economista chileno Raimundo Soto, las prácticas corruptas distorsionan los incentivos con los que operan las empresas, generan costos de transacción muy elevados y de esta forma los mecanismos de mercado pierden participación como asignadores eficientes de recursos. A todo esto habrá que agregar que la corrupción debilita el Estado de derecho de los países en donde se invierte, además de causar un daño irreparable a la reputación de cualquier compañía.

 

¿Es Canadá un país más corrupto que antaño? Conviene mostrar prudencia al respecto, debido a que la ola de escándalos recientes no significa necesariamente que las prácticas corruptas hayan aumentado en dicho país. Una vez más, la percepción sobre esos asuntos tiene mucho que ver con lo que aparece cada día en programas de radio y noticieros televisivos. Revisando el material de las hemerotecas, se constata que los casos de corrupción en Canadá aparecen desde décadas atrás, y conforme pasa el tiempo van saliendo a la luz detalles sobre las nefastas acciones de políticos y empresarios en el pasado. Ejemplo de ello es que en los años ochenta, el primer ministro Brian Mulroney, del Partido Conservador, fue relacionado directamente con un caso de corrupción en la atribución de un millonario contrato para la compra de una flota de aviones de la compañía Airbus; también figura el escándalo ocasionado por el Gobierno liberal en los años noventa, en el que se repartieron 164 millones de dólares entre intermediarios y en pagos ilegales al propio Partido Liberal, dentro del programa de patrocinio creado por el ex primer ministro Jean Chrétien para mejorar la imagen de Canadá en Quebec y así evitar en el futuro otro referéndum separatista. La «comisión Gomery», encargada de investigar al respecto, sacó a la luz diversas estrategias para el desvío de estos recursos públicos. A pesar de todo ello, se puede apreciar que las cosas no van tan mal dentro de aquel país: la corrupción no opera como la sustancia que lubrica toda relación comercial o institucional, como sucede en otras latitudes, gracias a la reprobación a este fenómeno por parte de los ciudadanos, al alto nivel educativo, al papel de la prensa, al libre acceso a la información pública y a un marco institucional sólido. La asignatura pendiente se encuentra fuera de las fronteras de Canadá, en las prácticas de sus compañías en el exterior y en las acciones del Gobierno para combatir toda práctica que signifique un acto fuera de la ley y que empañe significativamente la imagen de los canadienses en el mundo.  

 

JaimePorras Ferreyra (Oaxaca, México, 1977) es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal. Trabaja en temas vinculados con la internacionalización de la educación. Es colaborador de programas de radio y autor de crónicas y reportajes. Ha publicado textos en México, Canadá, Inglaterra, España, Venezuela, Costa Rica, Perú y la República Dominicana. Está radicado actualmente en Montreal.     

 

 

 

 

 
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